Los días se suceden unos a otros. El tiempo pasa y los titulares de los diarios son los mismos. Con el correr del tiempo no hacemos más que asombrarnos y hasta angustiarnos viendo que la escalada de violencia e inseguridad que vivimos no hace más que ir en aumento. Hay una realidad y es inne-gable: la violencia está inmersa en toda sociedad y la nuestra no es la excepción, no es patrimonio argentino ni mucho menos un tema actual.
La diferencia, tal vez con el pasado (no muy lejano), es que este aumento se ha dado de la mano de una "falta de propuestas e iniciativas claras y coherentes sobre cómo solucionar el tema". Y por que no decir también "ignorancia" y "falta de interés" en alcanzar una salida. Pues claro, es más fácil ser sensacionalista con el tema de la violencia y la inseguridad obligándonos a todos a vivir constantemente alertas, que indagar un poco más en el tema y descubrir que si este estado de inseguridad y violencia ha aumentado, posiblemente tenga sus orígenes en problemas estatales como: desocupación en franco aumento diario, miseria y pobreza que ya no hace distinción en clases sociales, hambre, carencia de educación en la franja más pobre de la sociedad.

Aunque soy consciente de que no todo el origen radica allí, buena parte del mismo, ciertamente sí.
"Bajar la edad de la inimputabilidad"
"Subir montos de condenas"
"Pretender recrudecer las condiciones
de la privación de la libertad", etc.
¿Quién dijo que de este modo se alcanzará una disminución al menos, del pro-blema?
¿Quién lo dijo realmente? No lo sé, pero si sé que la sociedad casi en su ma-yoría, así lo cree.
Pues permítanme responder que sin que existan políticas directas que mi-tiguen el problema de la violencia y la inseguridad, la aprobación de medidas que agraven las penas será insuficiente.

Hasta la lógica más precaria razonará en este sentido: "Si pretendemos sentir-nos sin miedo ni inseguridad como individuos y como sociedad, exijamos que la ley sea cumplida: si alguien comete un delito, se lo juzgará por ello y de hallár-selo culpable se lo condenará, y durante el tiempo que esta condena dure deberán procurarse dos fines:
o Que el condenado retribuya con su privación de libertad el daño cometido a la sociedad.
o Resocializarlo, pues, por si todavía hay quienes no lo sepan: el delincuente algún día saldrá (no importa en cuantos años), salvo el caso de la pena impuesta con la accesoria del artículo 52 del Código Penal (reclusión por tiempo indeterminado). Pero si de estadísticas vamos a hablar esta modalidad prevista en el Art. 52 en la totalidad de las condenas no significa más que el 1 o 2%, por lo que volvemos a lo mismo: el delincuente volverá a estar entre nosotros algún día.
Y si fue allí dentro tratado con la misma violencia y agresión que él utilizó hacia la sociedad al cometer el delito, no haremos más que continuar indefinidamente este círculo vicioso. Finalmente terminaremos tan presos nosotros como los que propiamente están encarcelados, en un interminable derrotero de miedo y angustia.

Propongo, como dijera ut-supra, "educarnos" y salir de la falta de cono-cimiento e ignorancia en la que lamentablemente vivimos (de la que sabiamente se aprovechan los medios sensacionalistas) empezando a conocer las normas que sobre el tema nos regulan:
Constitución Nacional:
Artículo 18: "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias , para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al Juez que
la autorice".
Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley 24.660):
Artículo 1: "La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad".
Artículo 8: "Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra circunstancia".
Artículo 9: "La ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quien ordene, realice o tolere tales excesos se hará pasible de las sanciones previstas en el Código Penal".
a) Notorio aumento del total de condenas, que ahora son un 70% más que las de 1999. La cantidad de condenas que se dictaron en 2001, fue de 23.044. La edad de los culpables es conocida en 17.321 casos. Y de este número se desprende que el 48,40 % tiene entre 16 y 25 años.

b) Los delitos atribuídos son en su ma-yoría robos y hurtos (delitos contra la propiedad): constituyen el 56 %. Lo siguen en orden decreciente los homicidios y lesiones (delitos contra las personas) que representa el 18 %. Los delitos contra leyes especiales (drogas, contrabando y otros) se encuentran en un tercer lugar con el 10 %. Por último, delitos contra la administración pública (tales como re-sistencia a la autoridad, encubrimiento, falso testimonio) rondan el 4%.

c) La cifra de reincidentes sigue baja, desde hace 5 años ronda el 23 %. El otro 77 % ha sido condenada por primera vez, lo que constituye unas 17.000 nuevas personas señaladas formalmente por el Estado como delincuentes.

d) Si de perfil de condenados se habla: El 93 % está constituido por hombres, siendo las mujeres solo el 7 % restante. Pero al referirnos al estado civil del condenado el 74 % de éstos son solteros.

e) Nivel de estudios: el 81 % ha terminado sus estudios primarios. Las profesiones que más se repiten entre quienes son condenados están: con un 12% los empleados, siguiendo el jornalero (11%), el albañil (7%) y el comerciante (4%).
Nada es imposible si fuéramos una sociedad que asuma el compromiso de hacerlo de manera responsable, conociendo las normas y leyes que imperan, sabiendo que en última instancia ese bien que hacemos nos vuelve potenciado a nosotros mismos.
El secreto está en hacer que la cárcel (para los que son condenados a pena de privación de libertad, como para los que están en prisión preventiva durante la tramitación de la causa) funcione, sirva, eduque, resocialice a ese ser que por haber cometido un delito fue puesto allí.
No sirve la cárcel como "depósito" de delincuentes. No sirve para ese delincuente, que aprovecha su estadía -tal como está planteado hoy día el sistema penitenciario- para perfeccionarse en "artes" contrarias a derecho. Vale decir, quien entró acusado de robo, saldrá especializado en esa rama, tendrá a su disposición a los mejores maestros (el resto de la población penal). Tampoco le es útil a la sociedad (que cuando ve entrar al delincuente a la cárcel, se siente aliviada pensando que el problema ya pasó, que hay que olvidarse de ese delincuente, no toma conciencia de que el tiempo pasa y que toda condena vence).
Tan solo hagamos que la cárcel funcione tal como debería, y que el reo allí alojado realmente tome conciencia del mal que ha hecho y se eduque para el cambio. Es un compromiso que la sociedad entera debería tomar: los magistrados aplicando correctamente, a conciencia y en forma igual la ley, el funcionario policial no excediéndose en el uso de la fuerza en el trato con el detenido/condenado, el agente penitenciario no sintiéndose dueño de la vida y destino del reo cuando está bajo su cuidado, y del resto de la sociedad dependerá que hagamos valer nuestro derecho a que el sistema que nos regula sea aplicado correctamente, denunciando en caso contrario.
No hay que modificar las leyes, hay que lograr que las que actualmente rigen funcionen como fueron pensadas.

María Belén Burgoa
Abogada. Equipo de Apoyo Jurídico "María de las Cárceles".